Tamaulipas: Corrupción sigue en aumento

La corrupción es una práctica que en Tamaulipas va en aumento, sin embargo en la pasada administración fue casi nulo el porcentaje de servidores públicos estatales que recibieron pláticas de prevención y control sobre el tema. En 2019, un 7.7% de la población dijo al Inegi haber sido víctima de un soborno, mientras en 2021 el porcentaje creció al 9.1%, es decir, casi una de cada diez personas se vio envuelta en estos actos. En los programas de formación y capacitación en materia anticorrupción para un correcto desempeño del servicio público y prevenir, detectar, controlar, sancionar, disuadir y combatir el fenómeno, solo participaron el año pasado 0.9% del personal estatal y 40.1% de los municipios. 6De acuerdo con la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (Encig) 2021, un 59.5% de la población tamaulipeca consideró a la corrupción como uno de los problemas más importantes en la entidad, ubicado solo por debajo de la inseguridad Además, 82.8% de la población de 18 años y más percibió que los actos de corrupción en su entidad son muy frecuentes o frecuentes. Señalan como entes más corruptos: la policía, partidos políticos, gobierno estatal, ministerio público, diputados y senadores, municipios, jueces, medios de comunicación, institutos electorales, sindicatos, gobierno federal y empresarios, principalmente. Dado el impacto de la corrupción en la vida cotidiana, en 2003, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) estableció el 9 de diciembre como el Día Internacional contra la Corrupción. Su propósito es sensibilizar a la sociedad sobre este tema y resaltar la importancia de su prevención y combate. En México, la relevancia del combate a la corrupción se refleja en el artículo 113 de la Constitución, que atribuye al Sistema Nacional Anticorrupción la responsabilidad de coordinar las acciones de los distintos órdenes de gobierno para la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como para la fiscalización y control de recursos públicos. Además, México forma parte de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que ofrece un conjunto de normas, medidas y reglamentos para fortalecer los marcos jurídicos nacionales. La Convención insta a las naciones a recopilar, intercambiar y analizar información estadística para conocer la situación de corrupción que prevalece en sus territorios y compartir las mejores prácticas en la atención del problema.