Piden intervención de la ONU para atender a desplazados en Sinaloa

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) inició investigaciones en Sinaloa para atender el desplazamiento forzado interno, luego de una solicitud del gobierno de Sinaloa.

El diagnóstico local es uno solo: la violencia provocó el éxodo de miles de personas en el Estado durante los últimos 12 años y para atenderlo se inició una serie de mesas intersecretariales.

Datos de organizaciones civiles y del gobierno estatal establecen qué hay por lo menos 10 mil personas, quienes dejaron sus casas y no han vuelto por temor a ser asesinadas.

Josep Herreros, de la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), dijo que se ha pedido a México un programa específico de atención a personas desplazadas, debido a que este País es uno con una problemática grave por los altos índices de desplazamiento forzado en el mundo.

“ACNUR considera el apoyo prioritario a las personas desplazadas de manera permanente”, señaló el representante de la ONU.

“La ONU ha pedido al gobierno de México la creación de mecanismos para esa atención”.

Hasta el mes de noviembre, más de 84 millones de personas se habían visto obligadas a desplazarse en 2021, según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), un número que supera los registrados en 2020 y 2019, cuando ya se habían batido marcas en cuanto al número de desplazados forzosos en el mundo. Ese alto número de personas desplazadas corresponde a dos factores, la violencia y la Covid-19, debido a factores sanitarios y económicos.

Por su parte, Pedro Flores Leal, representante de la Universidad Autónoma de Occidente, señaló que el grupo de académicos encargados de la investigación sobre desplazamiento forzada en Sinaloa hizo un trabajo de medición sobre las causas del desplazamiento en el Estado, otorgando una metodología hacia la Secretaría de Desarrollo Social.

En esta investigación se tuvo como hallazgo principal que el desplazamiento forzado ocurre por la violencia extrema en comunidades, sobre todo en el área rural de Sinaloa. Otro de los hallazgos fue la situación de necesidad de vivienda, que arrojó en un programa.

“Estamos dispuestos a continuar y seguir la metodología para poder investigar y presentar propuestas para una mayor atención”, dijo el funcionario de la Universidad, al asegurar que se firmó un convenio de colaboración con el gobierno de Sinaloa.

La Secretaría del Bienestar y Desarrollo Sustentable estableció un plan de seguimiento, el cual se presentará en mesas de trabajo para hacer evaluaciones y designaciones de presupuesto sobre un fondo de 60 millones de pesos.

Esos recursos deberán servir para la atención prioritaria de personas víctimas de desplazamiento forzado Interno en el Estado.