Este registro incluirá la participación de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR), la cual emitió recomendaciones tras analizar un primer registro que comenzó en 2019. El primer registro, también llamado censo, documentó que por lo menos 10 mil personas se encontraban en condición de desplazamiento y que las causas apuntaban a una violencia extrema.
“El el 2018 identificamos un desplazamiento masivo por causas de seguridad, de falta de trabajo, de salud”, indicó Sylvia Paz Díaz Camacho, rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, la cual dirigió la metodología para el registro del gobierno de Sinaloa. Con ese registro se planteó un programa de desarrollo de vivienda, basado en la falta de lugares para poder residir como refugiados las 10 mil personas.
Sin embargo, en una revisión posterior y bajo las observaciones de la ACNUR se encontró que por lo menos 600 personas no eran desplazadas, sino que se le registró sin mayor rigurosidad. Josep Herreros, representante de la ACNUR en México, dijo que se necesita ampliar esfuerzos para mejorar la investigación académica, de sociedad civil y gobierno para atender y prevenir el desplazamiento forzado de personas.
“Estamos concretando en los próximos días ir a Sinaloa para estar con todos ustedes y conocer más en qué podemos ayudar”, indicó el representante de ACNUR. El problema de desplazamiento forzado en Sinaloa por violencia extrema está presente desde la década de 1970, de acuerdo con datos oficiales. A la fecha, sin embargo, no hay un registro que muestre la magnitud real del desplazamiento forzado en Sinaloa.
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