El lado oscuro de Marisela Morales

Deficiencias en la integración de expedientes, manipulación de testigos protegidos, la orquestación del ‘Michoacanazo’

21 mayo 2020.-Su carrera profesional está marcada por fracasos, es señalada por manipular el programa de testigos protegidos, Marisela Morales Ibáñez fue ratificada como titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en abril del 2011,con lo que se convirtió en la primera mujer en dirigir la institución del ministerio público federal.

El nombramiento de Marisela Morales como procuradora sólo puede explicarse por tres razones: por su “estrecha relación con el Ejército”, por el reconocimiento que le otorgaron en Estados Unidos por su “valentía” y, lo más importante: porque era una pieza que le garantizaría al ex presidente Felipe Calderón, la utilización de la PGR como instrumento de persecución política con miras al sexenio que le sucedería, como ocurrió con los alcaldes de Michoacán que fueron encarcelados.

Marisela Morales no pudo con el encargo. Al dejar el puesto la institución quedó muy dañada por vicios como la corrupción, la infiltración del narcotráfico pero sobre todo por la falta de resultados en los asuntos a su cargo durante su gestión.

NOMBRAMIENTO
El nombramiento de Morales Ibáñez ocurrió en medio de la más cruda violencia que en ese momento azotaba al país, provocado por los desaciertos de las autoridades federales en la lucha contra la delincuencia organizada.

Los previos reconocimientos no ocultan su historia y nexos con hombres del poder controvertidos, como su mentor, el fallecido Mariano Herrán Salvatti, quien estuvo privado de su libertad en un penal de máxima seguridad , acusado de peculado, enriquecimiento ilícito y presuntas ligas con el narcotráfico; sin embargo fue exonerado durante la gestión de su pupila.

Sus tropiezos como funcionaria del Ministerio Público Federal datan de tiempo atrás. En el sexenio de Ernesto Zedillo, como auxiliar de distintos sub procuradores federales, Morales Ibáñez estuvo involucrada en las maniobras para incriminar a Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente Carlos Salinas, por los delitos de narcotráfico, lavado de dinero, peculado y desvío de los recursos de la llamada “partida secreta” para enriquecerse de manera ilícita.

Después de varios años de juicio, ninguna de las acusaciones contra Raúl Salinas prosperó. El inculpado fue absuelto de todos los cargos, incluido el de su presunta participación en la planeación del asesinato de su ex cuñado José Francisco Ruiz Massieu. Ya en libertad, Raúl recuperó incluso la fortuna que la PGR le incautó de sus cuentas en bancos suizos durante su cautiverio.

Y aunque Morales Ibáñez no estuvo al frente de esas investigaciones, sí fungió como “colaboradora” importante en la integración de los expedientes criminales contra Raúl Salinas.

Montaje

En 2008 fue nombrada titular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). En esa época se desató el escándalo por las denuncias sobre la infiltración por parte de los cárteles de la droga, Estados Unidos impulso el inicio de la llamada Operación Limpieza. Las pesquisas derivaron en el encarcelamiento de varios funcionarios de la SIEDO, entre ellos el de Noé Ramírez Mandujano, quien precedió a Morales en el cargo.

A partir de declaraciones de testigos protegidos, muchos de ellos ex colaboradores de varios cárteles de la droga, las autoridades acusaron a Ramírez Mandujano y a otros funcionarios de recibir dinero a cambio de información con la organización de los hermanos Beltrán Leyva.

Como titular de la SIEDO, a Morales Ibáñez le tocó robustecer las investigaciones y emprender el saneamiento de la institución. Poco tiempo después, la Operación Limpieza fracasó por los descalabros legales ya todos los acusados demostraron su inocencia y obtuvieron su libertad.

A ella también se le encomendó la integración del expediente de Vicente Carrillo Leyva, detenido en abril de 2010, cuando realizaba sus ejercicios de rutina en un parque del sur de la Ciudad de México. Otra versión sostiene que la captura no fue en ese lugar, sino en uno de los lujosos departamentos del hijo del extinto capo Amado Carrillo.

La SIEDO lo acusó de desempeñar funciones directivas en el cártel de Juárez, así como de ocultamiento y blanqueo de recursos ilícitos y de lavado de dólares en negocios de su tío Vicente Carrillo Fuentes, “El Viceroy”.

La embajada de Estados Unidos en México se congratuló por la caída de Carrillo Leyva, al que consideraba “el número dos” del cártel de Juárez. Ocho meses después de su captura, en diciembre de 2010, un tribunal de alzada absolvió a Carrillo Leyva de los cargos por delincuencia organizada, narcotráfico y lavado de dinero, los delitos más fuertes que pesaban en su contra.

Sin embargo, cuando estaba a punto de abandonar la prisión por falta de pruebas, la PGR solicitó la reaprehensión de Carrillo Leyva, esta vez para arraigarlo y acusarlo de uso de arma prohibida.

ACUSACIONES FALSAS

La lista de fracasos de Morales Ibáñez en la SIEDO no termina ahí. Un caso relevante es la acusación contra Boris del Valle Alonso, un ciudadano cubano-mexicano que asesoró a Gregorio “Greg” Sánchez en materia de seguridad durante su gestión como alcalde de Cancún, Quintana Roo.

Otro descalabro de Morales Ibáñez que alcanzó niveles de escándalo fue la detención de Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea, acusados de hacer estallar granadas en los festejos del 15 de septiembre de 2008 en las inmediaciones del Palacio de Gobierno de Morelia, Michoacán.

A los tres se les indició como autores de aquel suceso que los medios electrónicos calificaron de “ataque narcoterrorista”.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEITA/110/2008, los acusados declararon que habían sido levantados en una casa de Apatzingán y que presuntos policías federales los sometieron a torturas físicas y psicológicas (uno perdió un ojo, otro un testículo y al tercero le fracturaron las costillas) durante varios días.


A su paso por la SIEDO, Morales Ibáñez vulneró el programa de testigos protegidos, que data de 1996, cuando se aprobó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Declaraciones falsas, incriminaciones enderezadas contra personas que no conocen, acusaciones basadas en declaraciones de esos testigos, sin estar adminiculadas con otros medios de prueba y ejecuciones de testigos por descuidos en su seguridad, son algunos de los vicios que enturbiaron ese esquema.

Ya siendo procuradora, fue denunciada por el ex comisionado de la entonces Policía Federal Preventiva, Javier Herrera Valles, por presuntamente utilizar testigos protegidos que fueron inducidos para que declararan en su contra, situación que lo mantuvo preso por casi cuatro años, hasta que fue exonerado por un juez federal. La denuncia propició el inicio de la averiguación previa AP/113/AP/DGDCSPI/2014, en la que el ex alto mando también acusó al ex subprocurador Irving Barrios Mujica, hoy fiscal general del Estado de Tamaulipas; lo mismo contra Nora Caballero Trejo, quien integró la averiguación previa contra el testigo protegido José Salvador Puga Quintanilla con nombre clave El Pitufo, uno de los tres delincuentes que acusaron falsamente a Herrera Valles de tener nexos con el cártel del Golfo. Los otros dos delincuentes que se acogieron al programa de testigos colaboradores son el abogado Roberto López Nájera, con nombre clave Jennifer, y Sergio Villarreal Barragán, El Grande, con nombre clave Mateo, uno de los principales líderes del cártel de los hermanos Beltrán Leyva.

Los testimonios de los tres personajes llevaron a la cárcel a decenas de funcionarios durante su gestión, entre ellos, al ex subsecretario de la Defensa Nacional, el general Tomás Ángeles Dauahare, quien después fue absuelto de los cargos de delincuencia organizada, al igual que el resto de los acusados porque se demostró que los testigos mintieron.

El ejemplo más notable del fracaso del programa fue la acusación que, con base en testigos protegidos, realizó la SIEDO a mediados de 2009 contra 35 presidentes municipales de Michoacán y otros funcionarios policíacos, del Ministerio Público federal y del fuero común, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Después de ese golpe mediático, que puso en evidencia el caso más escandaloso de narcopolítica en el país, todos los presidentes municipales fueron liberados por tribunales de alzada debido a la falta de pruebas; es decir, los expedientes estaban mal integrados.

Además de ser cuestionada por sus vínculos con Genaro García Luna, uno de los funcionarios más desacreditados del gabinete calderonista por sus desatinos al frente de la Secretaría de Seguridad Pública, Morales Ibáñez ha sido azotada por la utilización de los testigos protegidos con fines políticos.