Cárteles de Jalisco y Sinaloa se pelean seis grandes puertos

El gobierno de México y la ASF detectaron que en seis de ellos es donde más se resiente la actividad criminal.

Los puertos de Ciudad de Carmen, Ensenada, La Paz, Manzanillo, Mazatlán y Lázaro Cárdenas son utilizados por los cárteles de Sinaloa y el de Jalisco Nueva Generación, que disputan las entradas marítimas elevando «los índices de violencia por controlar las rutas de logística criminal».

El gobierno federal y la Auditoría Superior de la Federación detectaron diversas irregularidades en los puertos del país, que van desde la entrega de las terminales marítimas a los cárteles de la droga, hasta la pérdida de millones de pesos por actos de corrupción en la gestión de trámites.

Lo anterior se originó en las últimas dos décadas cuando la Secretaría de Comunicación y Transportes era la rectora de las operaciones de los 117 puertos y terminales nacionales.

De acuerdo con documentos de inteligencia federal se identificó a los seis puertos con más operaciones de grupos del narcotráfico y el diagnóstico es que en la gestión de la SCT en los puertos, las bandas criminales promovieron «la corrupción con funcionarios y autoridades para involucrarlos en sus operaciones y extraer o cargar drogas».

Puertos como Manzanillo y Lázaro Cárdenas se convirtieron en puntos estratégicos de los cárteles hasta donde «llegaban embarcaciones procedentes de países de Sudamérica, pero con banderas de otras naciones, las cuales transportaban la droga de diferentes métodos: ocultándola en los barcos, atando sumergibles pequeños a modo de torpedos, o incluso pegan a sus cascos contenedores».

Otra de las irregularidades detectadas fue el trasiego de combustible de manera irregular en las terminales de usos múltiples ubicadas en el Golfo de México, con la anuencia de autoridades de la SCT y de Petróleos Mexicanos.

Sobre las anteriores autoridades portuarias también pesa la falta de transparencia en la concesión y manejo de la seguridad privada de los puertos y terminales marítimas; en la adjudicación directa de los contratos de cesión parcial de derechos y evasión fiscal.

Respecto a las escuelas náuticas, también operadas por la SCT, carecen de la infraestructura para cumplir con la capacitación de calidad de los alumnos, toda vez que «no cuentan con un buque escuela (como lo marca la ley), no hay fuentes de trabajo para los egresados, apenas el 1 por ciento de los oficiales egresados pueden hacer prácticas a bordo de embarcaciones, tampoco cuentan con albercas, laboratorios y alojamientos adecuados».

La situación se agrava cuando «el personal náutico mercante debe tramitar sus certificaciones con autoridades marítimas del extranjero.».

En cuanto al dragado, en los puertos de mayor tráfico de embarcaciones mayores, esta actividad ha sido susceptible a «procesos poco transparentes», otorgando permisos a embarcaciones extranjeras mediante concesiones adjudicadas a contratistas, quienes a su vez subarriendan la obra por falta de capacidades técnicas, encareciendo los servicios y retrasando la ejecución.

De 2010 al 2018 , se licitaron 89 obras de dragado entre las que destacan el nuevo puerto de Veracruz y la expansión del puerto de Lázaro Cárdenas.

De ellas, 59 fueron adjudicadas a micro y pequeñas empresas que por falta de capacidades tuvieron que subarrendar las obras, incrementando los costos de operación de dragado.

Actualmente, las Capitanías de Puerto a cargo de la SEMAR, cuentan con la capacidad de realizar todos los trámites administrativos que demanda el sector marítimo.

Por lo que con la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de la Autoridad Marítima, se duplicaron las funciones que realizaba la SCT, lo que evita el dispendio de recursos humanos, financieros, materiales y el aparato burocrático y cumpliendo con el principio de austeridad.

Con la nueva legislación, las Capitanías de Puerto pueden atender los trámites, como lo hacían anteriormente, sin incrementos en personal y presupuesto, eliminando la estructura que estableció recientemente la SCT con las Oficinas de Servicios a la Marina Mercante.

Miles de millones perdidos: ASF Los puertos de Lázaro Cárdenas, Mazatlán, Altamira y Topolobampo tienen desde hace siete años por comprobar cerca de 234 millones de pesos que serían destinados a la realización de obras públicas en sus instalaciones.

Estos puertos son los que tienen los montos más elevados por comprobar, por contratos que tuvieron un sobreprecio, por los que se les señaló por un presunto daño patrimonial: Lázaro Cárdenas debe 93.3 millones de pesos; Mazatlán, 87.8 millones; Topolobampo, 27.8 millones y Altamira, 25 millones. Mientras que las Administraciones Portuarias Integrales (APIs) de Coatzacoalcos, Ensenada, Guaymas, Progreso, Tuxpan y Veracruz también tienen montos por aclarar que van de los 400 mil a los 11 millones de pesos.

La ASF señaló irregularidades de recursos en Lázaro Cárdenas en la Cuenta Pública 2015; así como el no recuperar pagos adelantados a una empresa a la que después le rescindió el contrato, la adjudicación directa sin explicación de otra empresa para que concluyera los trabajos que dejó pendiente la primera, pagos de trabajos no realizados, entre otras.

Mientras que la cuenta pública 2018, se detectó un faltante de 11 millones 295 mil 425.29 pesos en la ampliación natural del puerto de Veracruz en la Zona Norte y Desarrollo de la Zona de Actividades Logísticas. Un año antes, en 2107, la ASF detectó también anomalías en la aplicación de 37 millones 888 mil 494.27 pesos en la ampliación del puerto de Isla del Carmen, Campeche, según la resolución 330-DE.

Entre las irregularidades se comprobó la autorización del pago de 13 mil 992.56 metros cúbicos de carpeta de concreto asfáltico de 12 centímetros de espesor sin que se acreditara totalmente su ejecución; la supervisión externa no vigiló la adecuada realización de los trabajos y permitió el pago de ese concepto sin que se haya efectuado.

Tampoco se aplicaron las penas convencionales a que se hizo acreedora la empresa de supervisión externa, por los atrasos registrados en las obras y se omitió registrar en la bitácora electrónica del contrato de servicios relacionados con la obra pública los avances y aspectos relevantes, ya que existen periodos sin registros hasta por 586 y 158 días naturales, determinó la Auditoría federal. En la cuenta pública de 2013, bajo el número DE-091, la ASF determinó la falta de comprobación de 87 millones 823 mil 600 pesos por obras en el Dragado del Canal de Navegación desde la Bocana hasta la Dársena de Ciaboga en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

En términos generales, la Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V., no cumplió con las disposiciones legales y normativas en el pago de estimaciones sin documentales que acrediten su procedencia por los más de 87 millones de pesos. “Se consideraron volúmenes de material que no se encontró físicamente en la obra; hubo omisión normativa por parte del ente fiscalizado, debido a que no notificó en tiempo y forma al Órgano Interno de Control (OIC) de la documentación presuntamente apócrifa presentada por uno de los licitantes que participaron en el proceso”, informó la Auditoría Superior.