De acuerdo con la FGR, las investigaciones son integradas por la Fiscalía Especial de Investigación y Litigación de Casos Complejos, donde hasta el momento han concluido satisfactoriamente las entrevistas ministeriales de las personas citadas, aunque siete de ellas no acudieron a comparecer y ya fueron convocadas nuevamente.
Asimismo, la institución adelantó que también serán entrevistados otros servidores públicos estatales considerados relevantes para las líneas de investigación que actualmente se desarrollan.
La FGR recordó que, conforme a la Ley General de Salud, corresponde exclusivamente a la Federación investigar, perseguir y sancionar delitos relacionados con delincuencia organizada y laboratorios clandestinos de drogas sintéticas, como el localizado en la Sierra Tarahumara.
Además, enfatizó que tanto la política exterior como las funciones en materia de seguridad nacional son atribuciones exclusivas del Gobierno de la República, por lo que las entidades federativas tienen prohibido establecer acuerdos o acciones de colaboración con gobiernos extranjeros fuera del marco constitucional.
Ante estas circunstancias, la dependencia federal confirmó que se abrió una nueva línea de investigación para determinar si durante el operativo la Fiscalía estatal incurrió en violaciones al diseño constitucional de competencias federales y si dichas conductas continuaron desarrollándose posteriormente.
El caso ha escalado a nivel nacional debido a los señalamientos sobre la presencia de presuntos agentes estadounidenses dentro del convoy ministerial que participó en las acciones contra el narcolaboratorio.
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